La cadena de urbanismo y construcción en Bogotá enfrenta brechas entre los tiempos establecidos por la normativa y los plazos efectivos reportados por empresas constructoras, una situación que puede generar incertidumbre, mayores costos y retrasos en los proyectos de vivienda, según un diagnóstico de Camacol Bogotá y Cundinamarca.
El análisis recopiló información entre junio de 2024 y junio de 2025 mediante entrevistas, llamadas y reuniones con equipos técnicos y jurídicos de siete constructoras con proyectos activos en la capital colombiana. En total, fueron examinados 122 trámites correspondientes a 27 entidades públicas y cinco etapas: gestión y habilitación del suelo, licencia de urbanismo, licencia de construcción, ejecución de obras y terminación de obras y entrega.
Aunque la muestra no representa estadísticamente a todo el mercado, las compañías participantes concentraron en 2025 el 31% de las viviendas lanzadas, 36% de las iniciadas y 38% de las entregadas en Bogotá. Además, tenían 158 proyectos residenciales activos, equivalentes a 17% del mercado.
MAYOR CARGA ADMINISTRATIVA
La etapa de Terminación de Obras y Entrega concentró 33 trámites, seguida por Licencia de Urbanización, con 29, y Licencia de Construcción, con 22. En contraste, Gestión y Habilitación del Suelo registró 19 procedimientos, pero presentó el mayor tiempo legal promedio de respuesta, con 72 días hábiles.
El diagnóstico también identificó una elevada concentración institucional. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) participa en 16 trámites, con un promedio legal de 17 días hábiles cada uno; la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), en 14, con 60 días, y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), en 11, con 19 días.
Camacol advierte que estas cifras no constituyen indicadores de eficiencia institucional, sino una referencia sobre la intensidad procedimental y los tiempos normativos que permite identificar dónde podrían concentrarse esfuerzos de mejora.
BRECHAS EN LOS PLAZOS
El contraste entre términos legales y tiempos efectivos mostró que las mayores diferencias se concentran en el inicio y cierre de los proyectos. El trámite de entrega y recibo de medidores presentó la mayor brecha, al superar en más de 22 veces el plazo establecido por la normativa.
También se detectaron dificultades en los trámites relacionados con zonas de cesión. Frente a un término legal de 60 días hábiles para la entrega material y simplificada, las empresas reportaron tiempos de 5,5 meses para la entrega material y 15 meses para la modalidad simplificada.
El estudio señala que estas demoras pueden relacionarse con visitas de verificación, formulación de observaciones y coordinación entre entidades, además de procedimientos vinculados con gestión catastral, servicios públicos y asuntos ambientales.
Camacol identificó nueve ámbitos de atención: interoperabilidad de sistemas, virtualización y automatización, cumplimiento de términos legales, trazabilidad, gobernanza y coordinación institucional, capacidad administrativa, atención al ciudadano, continuidad del servicio y capacitación de funcionarios.
La organización plantea que avanzar en trámites digitales e interoperables, mejorar el seguimiento de expedientes, garantizar equipos suficientes y coordinar a las entidades permitiría reducir reprocesos y cargas administrativas, elevar la seguridad jurídica y hacer más predecible el desarrollo de vivienda.
El gremio sostiene que una gestión pública más articulada y oportuna no solo favorecería la competitividad del sector constructor, sino que también contribuiría a acelerar la generación de vivienda y reducir el déficit habitacional de Bogotá.
08/09/2026
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