La línea 12 del metro de la Ciudad de México está fuera de servicio tras la tragedia que se cobró la vida de más de 25 personas el pasado lunes 3 de mayo. Para muchos, lo ocurrido fue la crónica de una tragedia anunciada.
La línea 12 fue una obra emblemática. Es la más moderna de todas las líneas de cercanías, pero también la que más se vio más empañada por escándalos e irregularidades desde su inauguración en el año 2012 por el entonces alcalde y actual canciller Marcelo Ebrard, al que todos sitúan en la carrera política para la futura sucesión a la presidencia de la República, pero que podría ver empañada su ascensión política con lo ocurrido.
El sindicato de trabajadores del Metro ha anunciado paros y lamentan las malas condiciones de mantenimiento del suburbano. Piden además la renuncia de la directora del metro, Florencia Serranía, aunque de momento se descartan dimisiones. Mientras prosigue la investigación sobre los responsables de la tragedia, las banderas ondearon esta semana a media asta por el luto nacional.
De acuerdo con datos de la consultora Manuel Barrera y Asociados, el proyecto inicial del Metro en la L-12 iba a ser totalmente subterráneo, sin embargo, por la justificación de racionalizar mejor los recursos, el consorcio formado por ICA, Carso y la compañía francesa Alstom decidió modificar la construcción a un puente elevado en nueve estaciones.
En la obra se estimaba un gasto de 17,500 millones de pesos, aunque posteriormente se dio a conocer que tuvo un sobreprecio, y terminó costando al erario 6,500 millones más, o sea, 24,000 millones de pesos, es decir, alrededor de 1,600 millones de dólares.
Cabe recordar que la línea 12 del metro tuvo que cerrarse en 2014, menos de dos años después de su inauguración, por riesgo de descarrilamiento, provocado por diversas fallas en la construcción.
Tras esto, en 2017, el consorcio de empresas que participaron en la construcción de la línea del metro fue obligado a pagar 2,100 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de México, tras perder un juicio en el Tribunal Superior de Justicia local. La sanción fue de 1,700 millones de pesos, pero se agregó el pago de otros 400 millones de pesos, por los gastos que el Gobierno de la Ciudad de México tuvo que afrontar para la rehabilitación posterior de las obras.
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