El conglomerado brasileño Odebrecht solicitó el lunes una protección por bancarrota, con el objetivo de reestructurar su deuda por 13,000 millones de dólares (mdd), una de las mayores reestructuraciones de este tipo en la corte en América Latina. La declaración de bancarrota se produce tras años de complicaciones para Odebrecht por los escándalos de sobornos a funcionarios de varios países de Latinoamérica.
La compañía afirmó, a través de un comunicado, que la protección por bancarrota era la mejor forma de concluir con su reestructuración de deuda cuando los acreedores buscar incautar los activos comprometidos como garantía para préstamos impagos. El pedido fue formulado por el Consejo de Administración de ODB (holding que controla las diferentes empresas del grupo) ante la justicia de Sao Paulo.
Además de la controladora ODB, el proceso involucra a una veintena de empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas, a la constructora Odebrecht Engenharia y Construçao (OEC), a la petroquímica Braskem, a la filial de azúcar y etanol Atvos Agroindustrial Participacoes, a la petrolera Ocyan, la naviera Enseada, así como a Odebrecht Transport. El grupo fue asesorado por la compañía de reestructuración financiera RK Partners y la firma de abogados E. Munhoz Advogados.
Los principales acreedores del conglomerado son los prestamistas estatales Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y BNDES, así como los privados Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding y Banco Santander Brasil.
La constructora se ha visto sacudida desde 2014 por el escándalo de Java Jato, después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos. Odebrecht admitió en diciembre de 2016 el pago de sobornos a funcionarios y políticos en 12 países por unos 788 mdd para ser favorecida con proyectos.
En México, el caso apuntó hasta al director general de la empresa estatal Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 mdd. En diciembre de 2017, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6.2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería.
A finales de abril pasado, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que inhabilitó a la firma por tres años para participar en licitaciones y contratos con el gobierno mexicano, debido a que presentó información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y las autorizaciones necesarias para celebrarlo.
Fuente: obrasweb.mx
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