Recientemente el gobierno de la Ciudad de México anunció que se invertirá, en colaboración con desarrolladores y vivienderas, alrededor de 45 mil millones de pesos en regeneración del desarrollo inmobiliario y vivienda incluyente en 11 corredores de la capital del país. Se trata del Programa especial para la regeneración urbana y vivienda incluyente, que se basa en la construcción de complejos inmobiliarios para todo tipo de familia y de todos los segmentos, especialmente vivienda asequible, a fin de acercar a los colaboradores a sus centros de trabajo. Los 11 corredores corresponden a la zona del Centro Histórico, Chapultepec, Atlampa, San Cosme -Tacuba, Reforma Norte, Eje Central, Pino Suárez-Tlalpan, SAC Tacubaya, Vallejo, Atlampa-Tacuba y la Zona Rosa, los cuales tienen un deterioro urbano por lo que están perdiendo el uso habitacional, pero cuentan con infraestructura y servicios.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó: "Queremos que los proyectos tengan un componente de 30 por ciento de vivienda social y 70 por ciento para cualquier otro tipo como medio o residencial". La mandataria detalló que los ejes estratégicos de esta regeneración son una mayor inversión en infraestructura por parte del gobierno y la creación de vivienda social por parte de desarrolladores, a fin de que sean una opción para la población más vulnerable y no sólo recurran al Instituto de Vivienda (INVI).
Pablo Benlliure, director general de planeación de desarrollo y ordenamiento territorial de la Seduvi, indicó que la administración dará facilidades, mediante Ventanilla Única Digital, e incentivos fiscales a los desarrolladores interesados en formar parte de este programa.
Por su parte, Enrique Téllez, presidente nacional de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), dijo que es importante que empresarios y gobierno ya tienen un diálogo y visión sobre el crecimiento urbano, principalmente en estos corredores, basado en los programas de las alcaldías.
VIVIENDA INCLUYENTE
Como parte de la política de revisión de permisos puesta en marcha por la nueva administración local y que tuvo paralizado al sector la primera mitad del año, el gobierno de la Ciudad de México reportó cambios en 29 proyectos inmobiliarios a los que les fueron detectados irregularidades en el primer trimestre del año.
En efecto, Claudia Sheinbaum indicó que los desarrollos modificados para que se ajusten a las normas de construcción de la capital, representan el 11% del total de proyectos que fueron revisados por las autoridades capitalinas el primer tercio del año y cuyas autorizaciones fueron otorgadas por el gobierno local pasado entre 2017 y 2018.
"Estamos convencidos que la ciudad requiere de la inversión inmobiliaria, pero si queremos una ciudad viable en el largo plazo, sustentable, no podíamos seguir creciendo con proyectos excluyentes, violatorios de las leyes", dijo Sheinbaum, y agregó: “Estamos combatiendo la corrupción y redirigiendo el desarrollo urbano hacia la regeneración urbana y la vivienda incluyente".
La política del gobierno capitalino, en la que también participaron las alcaldías, representó un freno a la industria inmobiliaria, como lo demostró la suspensión de actividades en 88 proyectos de empresas afiliadas a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la organización que vela por los intereses de 81 de las firmas más importantes del sector. De acuerdo con la ADI, el freno tuvo un impacto en indicadores nacionales, como el de creación de empleos, los cuales presentaron una ligera mejora tras la reactivación de las obras inmobiliarias en la ciudad.
Cabe señalar que, según un informe del Centro de Estudios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, las principales causas del deterioro del sector son la parálisis en la ejecución del gasto público para infraestructura y el freno o suspensión de obras públicas en la edificación de carácter privado. También acusa indefinición en la política económica que dé impulso al país y retraso en la realización de obras emblemáticas de la actual administración federal.
La vicepresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandra Vega Reyes, recordó que, aunque la construcción es la cuarta actividad económica que más contribuye a la generación de bienes y servicios en México, y la tercera que más empleos genera, los recursos asignados a la obra pública "son preocupantes".
MEGAPROYECTOS
Mientras tanto, se estima que los tres principales megaproyectos del actual Sexenio -el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía- detonen el crecimiento de las zonas en las que se ubicarán y, con ello satisfacer la demanda de nueva vivienda.
Alrededor de estos megaproyectos será necesario establecer nuevas regulaciones en materia de edificación y catastro, además de transparencia en la asignación de recursos para mejorar la infraestructura local de servicios públicos, que permitan la creación de planes de ordenamiento territorial.
En el caso del Tren Maya, por ejemplo, se prevé que tendrá una inversión estimada de entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, tendrá un recorrido de casi 1,500 kilómetros e impacto directo en cinco estados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Si bien la zona de la Rivera Maya tiene oferta de vivienda y el año pasado la plusvalía en la región fue del 25% para departamentos, el nicho residencial vinculado a una migración potencial de nuevos trabajadores y a una mayor movilidad urbana en las entidades donde tenga impacto el proyecto se acelerará.
En estados como Chiapas y Campeche existe un rezago de vivienda de más del 60%, según datos del Coneval. Al ser una zona con poco desarrollo urbano, primero será necesario establecer las reglas para la creación de zonas habitacionales que tengan servicios, lo que significa más inversión. Se debe generar un desarrollo habitacional y de servicios completos para que la gente tenga un nivel de vida confortable.
Por su parte, la nueva refinería de Dos Bocas, que estará ubicada en Paraíso, Tabasco, generaría hasta 135,000 empleos durante la etapa de construcción, mientras que la plantilla para su operación sería de 1,300 personas, por lo que la demanda de vivienda para la población será mayor.
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