Desde el año 2001, el gobierno colombiano fue uno de los pioneros en la región en empezar a incentivar el desarrollo de la industria nacional a partir de prácticas que ayudaran al medio ambiente a través de la ley 697, donde se empezaban a definir las metas de eficiencia energética y ambiental por sector, y se indicaban las primeras luces de los incentivos a quienes alcanzaran dichos objetivos. Lastimosamente en ese momento no existía el conocimiento en las entidades gubernamentales para identificar la importancia y el aporte del sector construcción a dicho objetivo.
Afortunadamente en los dos últimos años, el gobierno nacional y sus instituciones, después de la firma del acuerdo de París COP21 en el 2015, han convertido en realidad la posibilidad de acceder a incentivos tributarios y fiscales viables e interesantes. Con la última reforma tributaria, la ley 1819 de 2016, se creó la figura de exclusión de IVA y descuento de renta, como los incentivos al cumplimiento de los ahorros energéticos propuestos por el gobierno para cada uno de los sectores, donde la construcción a nivel industrial, sector terciario y residencial tienen una gran oportunidad.
Después de sobrevivir al cambio de gobierno y a una ley de financiamiento que la quería derogar, los incentivos hoy ya tienen una importante participación y proyectos en ejecución. En el campo de las fuentes no convencionales de energía renovables ya se cuenta con 548 proyectos en Colombia, con 387 aprobados, con casi 2 MW instalados con los beneficios otorgados.
Aunque todavía tenemos la limitante del proceso, que tiene una duración estimada de alrededor de 6 meses y una ronda de verificaciones por parte de dos entes regulatorios, la verdad es que en breve tendremos en Colombia los primeros proyectos donde las tecnologías activas y pasivas de las construcciones podrán ser objeto de exclusión de IVA (sin pedir devoluciones a la DIAN) y el valor de inversión en esas tecnologías, equipos e ingenierías para su diseño podrán ser objeto de un descuento del 25% del valor en esas inversiones para los dueños de los proyectos.
En algunos casos de estudio, el impacto de los beneficios (exclusión de IVA y descuento de renta) puede estar alrededor de un 8% a 9% de ahorro en los costos directos de materiales en un proyecto, lo que sin duda viabiliza desde el punto de vista financiero la inversión en un proyecto de construcción sostenible certificado.
Hace falta que los procesos de incentivos sean mas rápidos y menos burocráticos, pero ya se notan los esfuerzos del gobierno y las entidades para hacer que esto suceda. En breve esperamos estar compartiendo los primeros proyectos que por su compromiso y eficiencia conseguirán también ser más eficientes en costos y rentabilidad para sus desarrolladores y propietarios. Los ahorros después, en la vida útil de los proyectos, serán para quienes los utilicemos. De esta manera todos salimos ganando.
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