Hay que decir sin tapujos que ciertas regiones del país se han convertido en terreno fértil para los corruptos, en coto de caza para alimentar intereses sombríos. Es difícil llegar a otra conclusión cuando se observa que en 2016 –según estudios recientes– el 71 por ciento de los procesos contractuales celebrados en los departamentos terminó en manos de únicos oferentes. Sencillo acallar dudas sobre la existencia de corrupción en el ámbito subnacional, si se advierte que el 87 por ciento de la contratación en los municipios, a la luz de los mismos informes, corrió con idéntica suerte. Así, pues, el fenómeno resulta inocultable. De ahí el imperativo de adoptar soluciones de fondo, mediante la implementación de un pliego-tipo vinculante por ley, para la escogencia de los contratistas. Ahora bien, con la misma vehemencia con la que hemos puesto en la picota pública tan preocupante realidad en las regiones, hemos reconocido la transparencia con la que actúan entidades del resorte nacional, como el Invías o la ANI, a la hora de surtir sus procesos de contratación.
Bien podría calificarse como un ejemplo plausible lo que viene ocurriendo dentro del mencionado Invías. Entre 2011 y lo que va corrido de este año, la entidad recibió 29.507 propuestas en 610 procesos –por un monto cercano a los 9 billones de pesos– para contratación de obra pública. En plata blanca, ello quiere decir que por cada contrato se han presentado 48 oferentes, en promedio. Ni una sola tacha ha existido allí.
En relación a la ANI, de igual manera, nadie puede poner en tela de juicio la transparencia con la que fueron adjudicados los 32 proyectos de asociación público-privada que constituyen el programa de Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G).
LA CLAVE DE LA PULCRITUD
De cara a tan alentador panorama, surge un interrogante de base: ¿dónde ha estado la clave para garantizar la pulcritud en dichas entidades? La respuesta está contenida en una simple pero laudable práctica: la estandarización de los documentos previos al contrato. Este mecanismo no solo les ha permitido al Invías y a la ANI blindar sus procesos licitatorios de eventuales manipulaciones, sino que, de paso, ha contribuido a incrementar la pluralidad de oferentes, que bien puede definirse como un principio fundamental de la contratación.
Este cúmulo de hechos es la demostración fehaciente de que las cosas pueden hacerse bien. ¡Sí se puede! Es oportuno, entonces, celebrar la aprobación unánime –de tirios y troyanos– por la Comisión Primera y la plenaria del Senado, de un proyecto de ley que en la actualidad cursa su trámite en el Congreso y pretende incorporar, precisamente, la figura del pliego-tipo obligatorio dentro de la entraña de la denominada Ley de contratación pública. Inmensa responsabilidad la que recaerá ahora sobre los hombros de la Cámara de Representantes, que, en cabeza de sus miembros, deberá llevar a buen puerto la iniciativa en mención.
Por lo pronto, mientras culmina el trámite del referido proyecto, vale resaltar el reciente anuncio del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en el sentido de incorporar el pliego-tipo en la contratación de la malla vial local de la capital. Con ello, el mandatario no solo acabó con la cueva de Rolando en que se habían convertido los procesos contractuales en el distrito, sino que demostró que con voluntad política y determinación es posible adoptar decisiones oportunas. Tomó la delantera y dejó un ejemplo digno de réplica en todo el territorio nacional.
Ojalá en las vías terciarias del posconflicto también sea utilizada, igualmente, la figura del pliego-tipo, que, según lo aquí expuesto, ha contribuido en grado sumo a la transparencia en la contratación de las obras públicas.
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